A continuación, compartimos información de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en relación a la prescripción enfermera.
El Gobierno andaluz ha acordado requerir al Gobierno de la Nación la derogación de varios artículos y apartados del Real Decreto 954/2015, que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los profesionales de enfermería. El requerimiento se produce tras el estudio de esta norma por parte del Gabinete Jurídico de la Junta, a instancias de la Consejería de Salud, por invasión de competencias.
Andalucía es actualmente la única comunidad autónoma donde está regulada la dispensación enfermera. Un decreto aprobado en 2009 es el marco jurídico de referencia de esta prestación que permite a los profesionales de enfermería la indicación de algunos fármacos y productos y, por tanto, agiliza y mejora la atención a los usuarios de la sanidad pública andaluza. Esta norma autonómica, desarrollada a través del trabajo colaborativo entre distintos colectivos profesionales, se seguirá aplicando en la sanidad pública andaluza como hasta ahora, ya que la Junta considera que el Real Decreto no lo impide.
El requerimiento insta a la anulación de los artículos 1.1.c), 2.2, 3.2, 8.1,10; los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria única; los apartados 2 y 4 de la disposición final cuarta y el Anexo II, al considerarse que existe doctrina constitucional suficiente para afirmar que el Estado está conculcando atribuciones que las comunidades autónomas tienen reconocidas en materia de formación continuada y acreditación.
En el caso de que el Gobierno central no atienda a la petición planteada en el plazo legal establecido de un mes, la Junta planteará el correspondiente conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Los artículos afectados regulan el procedimiento de acreditación de los enfermeros previo a la indicación y uso de los medicamentos y productos sanitarios. Según el análisis realizado por el Gabinete Jurídico de la Junta, son competencia de las comunidades autónomas los aspectos relacionados tanto con este requisito y su obtención como con la gestión de los programas formativos y, en su caso, la ampliación de los contenidos mínimos de los protocolos y las guías aprobadas o validadas por el Estado.
El pasado año se emitieron en Andalucía casi tres millones de órdenes enfermeras. En estos documentos, los profesionales indican los medicamentos y productos que el Decreto autonómico les permite (actualmente alrededor de un centenar). Además, cerca de 3.000 sanitarios de este colectivo completaron su formación sobre la materia, impartida por la Escuela Andaluza de Salud Púbica, y más de un millar logró la acreditación por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
